El Honorable Congreso de la Nación

Por Andrés Luetich

4 de octubre de 2002

En los últimos días ha vuelto a ocupar la primera plana de los diarios la sospecha de la existencia de hechos de corrupción en el Honorable Senado de la Nación. Paralelamente, los diputados no han podido lograr el quorum necesario para tratar el pedido de juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Si a ello le sumamos el hecho de que el edificio del Congreso está rodeado por vallas a raíz de las agresiones a las que se han visto sometidos los representantes del pueblo desde diciembre pasado, quizá tomemos conciencia de la gravedad de la situación institucional actual.

No hay Estado si no hay monopolio de la utilización de la fuerza de coacción dentro de un territorio determinado. Pero no basta con esto para que haya un Estado democrático: las instituciones que componen el aparato de gobierno deben ser representativas y ejercer su poder sobre la base de su prestigio y el consenso que generan sus medidas, no de la imposición.

Los diputados y senadores han venido perdiendo presitigo desde hace tiempo porque, en un cuerpo colegiado, las malas acciones de unos perjudican a todos. Recordemos el caso de Raúl Alfonsín, a quien le acercaron un papel con el nombre del postulante a un cargo en la Justicia cuyo expediente se debía "cajonear" y su posterior renuncia al cargo; las maratónicas sesiones de fin de semana para aprobar el otorgamiento de los poderes especiales exigidos por Cavallo; y la "ley de 'intangibilidad' de los depósitos".

En los papeles, los integrantes del Congreso son nuestros representantes y constituyen uno de los tres poderes de nuestro sistema democrático, lo cual transforma a esta institución en honorable. Pero si fijamos la mirada en lo que "es" y no en lo que "debería ser", ¿podremos seguir llamando hoy "honorable" a nuestro Congreso?

¡Cómo hemos desgastado las palabras! El edificio de uno de los símbolos de la democracia hoy debe ser protegido para que sus miembros no sean alcanzados por los huevazos de los manifestantes que se acercan hasta allí. Y lo más grave es que no se ve la salida. Si bien es cierto que los argentinos no queremos otro camino que el democrático, también es cierto que un sistema democrático no necesariamente necesita de un congreso. Quizá la implementación de un sistema de democracia directa —por un tiempo y hasta que la misma gente decida conformar otro similar al actual, pero con distintos actores y otros mecanismos de control— podría ser la solución. Si fueran verdaderos demócratas, los actuales congresales ya se tendrían que haber ido. En vez de ello, taponan los conductos del sistema e impiden la circulación de savia nueva. A su vez, los que podrían ingresar a la política desde otros ámbitos, ante el panorama de corrupción y mafia que se vislumbra desde afuera, se resisten a hacerlo.

No podemos perder la esperanza y no debemos renunciar a nuestras convicciones. Tenemos que buscar algún camino para que se pueda volver a hablar de "democracia", "representantes"y "honor" sin que se sienta el ruido a hueco que se siente hoy. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr que progresen en su carrera política aquellos que pueden renovarla y por motivar a los que, teniendo vocación y capacidad, no se atreven a inmiscuirse. Se trata, en definitiva, de devolverle su honorabilidad a la política, que también la ha perdido en este Triángulo de las Bermudas para los valores en que se ha convertido la Argentina.